Alfil. Pensamiento crítico. Roberto Piñón Olivas

Alfil

Pensamiento crítico

 

Roberto Piñón Olivas

 

La norma en materia de telecomunicaciones, en su etapa reglamentaria, debe propender hacia auténticas garantías de independencia editorial, tutela de sus contenidos, defensa del auditorio y rendición de cuentas -fuera de su expresión constitucional formal-  no solo de los medios públicos -como lo señala el Décimo transitorio de la reforma del once de junio pasado- sino que incluya además las señales concesionadas.

Es decir, al pie de la letra, la Constitución exige únicamente de los considerados medios públicos -permisos otorgados conforme a la ley a instituciones del sector público, particularmente indigenistas, educativas o culturales, sin fines de lucro- diversos derechos y obligaciones, independencia editorial; autonomía de gestión financiera; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tecnologías; garantías de participación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas; y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales.

Como se observa, la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, la defensa de sus contenidos, las opciones de financiamiento y el pleno acceso a tecnologías, constituyen una garantía para el mas adecuado desempeño de los medios públicos: buscan protegerlos de la presión financiera del gobierno y de los poderes fácticos -crimen organizado, sindicatos, sector privado, Iglesias, etc.- para que desarrollen sus tareas de comunicación con ideal independencia, sin sujeción a ningún grupo de interés, legal o ilegal, público o privado.

Sin embargo esa autonomía de gestión financiera -vinculada a las opciones de financiamiento- resulta una falacia toda vez que los sueldos y gastos de operación provienen del presupuesto público, y éste esta sujeto a una decisión política coyuntural; aún más, la fase fiscal y auditoria de gasto transcurren por rutas gubernamentales, también sometidas al factor político.

Por otro lado, las garantías de participación ciudadana, las reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, y las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales, están llamadas a constituir una opción de empoderamiento del ciudadano frente a los medios de comunicación públicos de radio difusión. El reto es que sean los mismos medios quienes se otorguen mediante autorregulación los procedimientos claros que garanticen esa intervención activa del radioescucha frente a su derecho a información plural y objetiva, pero además a participar en la discusión de los temas de interés público, sin ningún tipo de cortapisa ni censura. La reforma constitucional, llevada adecuadamente a la legislación reglamentaria, tiene la oportunidad de propiciar el fortalecimiento de la masa crítica. Es además momento para que los medios públicos comparezcan ante la opinión pública y muestren su actividad financiera, administrativa y de operaciones: que expliquen que hacen y porque lo hacen.

El problema es que la reforma se queda corta al referirse estrictamente a los medios públicos dedicados a la radio difusión, si entendemos por ellos exclusivamente las empresas del sector público, los medios permisionados. Se regula lo menos y se deja suelto lo más. Es cierto que la naturaleza de ambos, los permisionados y los concesionados es distinta, empero usufructúan el mismo bien, el espacio radio eléctrico propiedad de la nación y por tanto deben compartir las mismas obligaciones en materia de comunicación e información, independencia, autonomía, rendición de cuentas y pluralidad; claro, por medio de procedimientos distintos que garanticen el libre desarrollo de la empresa privada, pero bajo el objetivo final de proteger a la audiencia y crear en ella un pensamiento plural y crítico de la realidad social.

EN EL TABLERO…El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya asumió plenamente sus nuevas facultades y echó abajo la designación de consejeros efectuada por el poder legislativo tamaulipeco…El Instituto Nacional Electoral esta por hacer lo propio con las facultades que lo colocan como cabeza de los organismos electorales en el país…Las demandas laborales son reflejo de condiciones y políticas  de trabajo inadecuadas, que terminan enrareciendo el ambiente laboral…Por eso resulta positivo que el próximo jueves 24 de abril se realice un maratón de conciliación auspiciado por el Secretario del Trabajo de Chihuahua, Fidel Pérez Romero…En tres años se han conciliado bajo estos mecanismos cerca de ochenta y siete mil asuntos…

 

Publicado en: Nacional, Opinión